Dictan prisión a Carina Díaz Moreno de la Asamblea Famatina
El juez Alfredo Ramos de Chilecito, La Rioja, aplicó el artículo 194 del Código Penal para encarcelar a Carina Díaz Moreno, una de las tantas militantes de la Asamblea de Famatina que recibieran feroz represión en Peñas Negras, sitio emblemático de un pueblo movilizado que impide el tránsito de los equipos de perforación de la transnacional minera Barrick Gold, resistencia que cuenta con una barrera ubicada a 2000 metros de altura, merced a un movimiento social perseverante formado mayormente por mujeres docentes.
Los asambleístas que denunciaron al grupo represor -que nuca fue indagado por la justicia- son en cambio procesados por el Dr. Alfredo Ramos, Juzgado Nº1 de Chilecito quien dictó prisión preventiva para la imputada Carina Díaz Moreno, “por agresión a funcionarios”. La militante famatinense se halla detenida en estos momentos en la comisaría de Chilecito donde el abogado de oficio, Oscar Salcedo, exige su inmediata excarcelación.
La Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) moviliza a sus asambleas de todo el país para gestar acciones concretas que permitan la liberación de la compañera al mismo tiempo que denuncia la violencia ejercida por funcionarios y jueces al servicio de corporaciones mineras transnacionales, gestoras de sobornos y de la corrupción gobernante.
PRENSA ASAMBLEA POPULAR POR EL AGUA
miembro de:
ASAMBLEAS MENDOCINAS POR EL AGUA PURA
UNIÓN DE ASAMBLEAS CIUDADANAS
Contactos para mayor información:
Carina Díaz Moreno 0382515660017
Abogado de Oficio Dr. Oscar salcedo: 03825 15405792
Juzgado Nº1 Chilecito – La Rioja, Dr. Alfredo Ramos, 03825- 422720
viernes, 26 de junio de 2009
lunes, 22 de junio de 2009
EN LA AMAZONÍA DEL PERÚ, UN CONFLICTO INTERNACIONAL
http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=2642
En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Joan Martínez Alier · Martí OrtaJoan Martínez Alier y Martí Orta son Investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. 14/06/09 La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.
El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.
Se sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.
Alan García esta dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.
Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.
El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.
La negociación previa a la arremetida del gobierno
Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.
Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.
Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo
En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.
Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.
El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.
Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.
Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?
Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.
El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?
Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.
Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.
Una vez más, "mecidos" y baleados
Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.
Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.
El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.
Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).
En la Amazonía del Perú, un conflicto internacional
Joan Martínez Alier · Martí OrtaJoan Martínez Alier y Martí Orta son Investigadores del ICTA, Universitat Autónoma de Barcelona. 14/06/09 La batalla cerca de Bagua el 5 de junio del 2009 de la policía y el ejército peruanos contra los indígenas awajún (aguaruna) y wampis (huambisa) tiene ciertamente un origen internacional, como dice el presidente Alan García. Según él, la violencia del Estado es una respuesta necesaria a la conspiración extranjera de organizaciones ecologistas y de derechos humanos, junto con Hugo Chávez y Evo Morales. Alan García es un anti-ecologista ferviente que en un famoso artículo titulado "El Perro del Hortelano" dijo que los ecologistas son los comunistas de hoy.
El conflicto es internacional por las siguientes razones. El petróleo y el gas van a la exportación. La extensión de la frontera petrolera hasta los lugares más impropios se debe a que nos acercamos al pico del petróleo, debido al alto consumo mundial. En el Perú ha crecido mucho la extensión de la Amazonia concesionada a compañías petroleras en los últimos años. La búsqueda de petróleo llega a los últimos confines.
Se sacrifica pueblos y diversidad biológica a cambio de casi nada. La crueldad del comercio globalizado no tiene límites. Toda la producción de petróleo de Perú en un día (unos 140 mil barriles) supone una parte ínfima del consumo mundial (84 millones de barriles al día). Aunque llegara a doblar, la producción del Perú durante todo un año no daría ni para un día de consumo mundial. Hasta aquí llega la absurdidad. Además, la producción de petróleo en el Perú no aumenta apenas. Ha aumentado la producción de gas de Camisea (en la Amazonia central) pero eso no ha compensado el descenso continuo de la producción de petróleo desde 1980.
Alan García esta dispuesto a arrasar la Amazonia en busca del Dorado de los combustibles fósiles, una bonanza improbable y que bien corta sería. Eso tampoco es nuevo. La internacionalización de la agresión contra los pueblos indígenas de América empezó en 1492. Los llamados pueblos "jíbaros" en la Amazonia de Ecuador y de Perú, han resistido durante siglos. Ya en 1549 precisamente en Jaén y Santa María de Nieva, zonas vecinas al conflicto actual, combatieron a los españoles. Sufrieron mucho en la época del caucho, hace cien años. Se han estructurado en grupos étnicos con sus organizaciones y federaciones, como AIDESEP, Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Su líder actual es Alberto Pizango. Está o estaba prevista su visita en octubre del 2009 a Barcelona invitado por la Universidad Autónoma (FAS), en busca de solidaridad internacional para conseguir que Repsol-YPF se retire del lote 39, un área que desde 2003 está en trámites para ser declarada reserva territorial a favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, y no poner así en riesgo la salud y la vida de estas personas no-contactadas.
Las concesiones se ofrecen a empresas extranjeras, y la empresa estatal Perupetro solamente interviene en la negociación. Estas empresas extranjeras son por lo general de Estados Unidos, Canadá o Europa (Perenco, Repsol, Cepsa) aunque ahora llegan también empresas chinas. Estos son los Pizarros de hoy en día. No respetan los derechos indígenas ni temen irrumpir en zonas de indígenas no contactados, con las consecuencias de enfermedad y muerte que se conocen desde la Conquista. Más internacionalizado no puede estar el conflicto.
El conflicto actual viene de años atrás. La actividad petrolera en la Amazonía peruana empezó a principios de los 70s. Las poblaciones indígenas han luchado para su reconocimiento y el respeto de sus territorios ancestrales. A pesar de los logros que llevaron a que Perú ratificara en 1993 el Convenio 169 de la OIT y en 2007 la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (leyes peruanas que obligan al Estado a reconocer los derechos territoriales indígenas, así como la consulta previa, libre e informada de cualquier actividad que se quiera desarrollar en sus territorios), el gobierno de Alan García ha querido eliminar tales derechos mediante los decretos legislativos nº 994, 995, 1020, 1064, 1080, 1089 y 1090 (la conocida como la "Ley de la Selva") aprobados en 2008 por el poder ejecutivo gracias a las facultades legislativas que el Congreso le otorgó en virtud de la ley 29157, promulgada para favorecer la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con EE.UU.
La negociación previa a la arremetida del gobierno
Estos decretos legislativos facilitan el camino para la venta de tierras y entrega de recursos amazónicos a las grandes empresas transnacionales, de acuerdo al TLC con EE.UU., firmado por el ex presidente Alejandro Toledo. Hace dos años y medio, el candidato García prometió retirar la firma del Perú de ese tratado; una vez elegido presidente, este señor se convirtió en el mejor aliado de EE.UU. junto con Uribe de Colombia, como un ejemplo maravilloso de la contradicción permanente entre el decir y el hacer. Como ha dicho el antropólogo Rodrigo Montoya, el presidente García está preocupado por la inversión capitalista de las multinacionales como único recurso para resolver el problema de la pobreza, y exige que los indígenas amazónicos, a quienes insulta llamándoles "perros del hortelano, que no comen ni dejan comer", usen sus tierras para producir capitalismo o las vendan o regalen, si no pueden. Se trata de siete decretos del Gobierno que abren sus territorios a la explotación exterior, no sólo de petróleo, gas y minerales sino de madera y de agrocombustibles. Se trata de una verdadera expropiación de derechos comunitarios tradicionales.
Las demandas indígenas, desde sus representantes legales de AIDESEP, se oyeron desde el primer momento y han recogido el apoyo tanto de la población local mestiza como de la Iglesia (pronunciamiento de los Obispos de la Amazonía ante el paro de los pueblos amazónicos, del 7 de mayo de 2009). Pensando que las mesas de diálogo y negociación dispuestas por el gobierno peruano eran realmente engaños, los indígenas aumentaron las protestas, decretando un paro pacífico desde abril del 2009. Los decretos legislativos 994 y 1090, fueron declarados inconstitucionales en mayo del 2009 por la comisión de Constitución, quien consideró que vulneran la Constitución dado que atentan contra los derechos de propiedad de las comunidades y desconocen el Convenio 169 de la OIT al impedir la consulta previa antes de la promulgación de leyes que les afectan. Pero el Congreso en pleno nunca debatió esos decretos de privatización de la Amazonia. Según Pizango, el presidente del Congreso, el aprista de Lambayeque Javier Velásquez Quesquén, es el mayor responsable.
Después de más de 50 días de protestas pacíficas y de diversas postergaciones del debate en el pleno del Congreso sobre la derogatoria de los decretos (la última el jueves 4 de junio de 2009), el gobierno ordenó desbloquear por la fuerza el bloqueo awajún y wampis. Más de 1500 indígenas awajún y wampis mantenían un bloqueo impidiendo el paso de vehículos en la carretera Fernando Belaunde Terry a 7 kilómetros del puente Corral Quemado, en el sector conocido como Curva del Diablo, en la frontera entre Cajamarca y Bagua (Departamento de Amazonas, al norte de la selva peruana). En apoyo a los pueblos indígenas, la Federación de Rondas Campesinas de Jaén bloqueaba la carretera Fernando Belaúnde en el cruce de Chamaya (a 20 Km de Jaén) exigiendo también la derogación los decretos legislativos que atentan contra la soberanía de los pueblos indígenas sobre sus recursos naturales y su derecho a consulta previa. Mientas, en la ciudad de Jaén, el sindicato unitario de trabajadores de Educación y el Frente de Defensa marchó por las calles exigiendo la derogatoria y el cese de la persecución política.
El desalojo
En la madrugada del viernes día 5 de junio, la DINOES (cuerpo policial de elite) empezó a lanzar gases lacrimógenos desde helicópteros, mientras los indígenas mantenían sus posiciones armados con lanzas. Los disparos de la policía empezaron poco después, y al parecer los indígenas arrebataron armas a policías y se defendieron de las balas. Allí se dio el primer enfrentamiento grave con el primer saldo de muertos y heridos.
Luego, la población de Bagua (a 20 kilómetros), se enardeció por esa violencia y empezó a protestar contra las fuerzas del Estado. Eso derivó en la destrucción del local del partido aprista y algunas instituciones públicas. La policía mató a dos personas, entre ellos un periodista (apellidado Ticlla). Al enterarse de estos hechos, por la tarde del viernes 5 de junio los indígenas de la estación 6 de bombeo del Oleoducto Norperuano, de Petroperú (a tres horas por carretera, rumbo a Santa María de Nieva), decidieron tomar la estación y tomaron de rehenes a 38 policías y un ingeniero. El ejército rescató a 22 policías con vida. Murieron más de diez policías y muchos indígenas. Pero de las víctimas indígenas en la estación de bombeo 6 no se sabe nada por el cerco informativo en la zona.
El dirigente awajun Santiago Manuin Varela, quien inicialmente había sido dado por muerto, fue herido y hospitalizado en el hospital Las Mercedes (Chiclayo). Este líder, reconocido internacionalmente por defender los derechos de los awajún, lo que lo hizo merecedor del premio Reina Sofía, responsabilizó directamente al Gobierno de la masacre en la selva y señaló que el Ejecutivo no había mostrado ningún interés por dar solución a sus reclamos y los habría estado engañando todo este tiempo. En tanto, Segundo Valera, primo de Manuin, dijo al diario 'La República' del Perú, que la Policía Nacional parece haber estado en todo momento autorizada para usar sus armas de fuego contra los nativos.
Marijke Deleu y Thomas Quirynen, dos voluntarios de la ONG belga CATAPA fueron testimonios de la brutalidad policial con estremecedoras fotografías que rápidamente se hicieron públicas en la web. También acusaban a la policía de estar llevándose los cuerpos para reducir el número de víctimas indígenas. La ONG Amazon Watch, con sede en EE.UU. quien tiene personal en la zona, ha denunciado que existen numerosos testigos oculares que confirmaron que fuerzas especiales de la Policía se deshicieron de los cadáveres arrojándolos al río Marañón, incluso desde helicópteros, y en otros casos los quemaron para impedir su identificación. Hubo también violentas detenciones de indígenas heridos en hospitales de Bagua. No hay datos oficiales fiables de los muertos indígenas.
Mientras, el presidente del consejo de ministros, Yehude Simon y el gobierno acusaron de sedición, rebelión y de ser el autor intelectual de las muertes de los policías al presidente de AIDESEP, Alberto Pizango, representante reconocido por las organizaciones indígenas amazónicas. El gobierno hablaba de golpe de Estado y Alan García de conspiración internacional y de adiestramiento militar externo. ¿Se olvida el gobierno que entre los llamados héroes del Cenepa, indígenas veteranos de las batallas en la frontera del Ecuador en la breve guerra del 1995, se cuentan muchos indígenas, algunos de ellos presentes en los bloqueos de carreteras?
Alberto Pizango ha sido un interlocutor aceptado hasta hace pocos días. En septiembre del 2008, el gobierno a través del ministro del Medio Ambiente, que ha gozado de buena reputación hasta ahora, Antonio Brack Egg, conversaba con la AIDESEP y su presidente Alberto Pizango, con la intención de crear una Comisión Multisectorial formada por las carteras de Salud, Educación, Ambiente, Agricultura y Energía, y para revisar los decretos. En mayo del 2009, Pizango se reunió varias veces con el primer ministro Simón en la oficina de éste, en tono conciliador. En algún momento, el gobierno decidió atacar y disolver el bloqueo en la carretera de Bagua, como Pizango advirtió públicamente en los primeros días de junio que iba a suceder. El propio día 5 de junio, Pizango, en Lima, a mediodía, con gran presencia de ánimo dio una conferencia de prensa de diez minutos (inmediatamente colgada en You Tube) denunciando al gobierno por haber iniciado la violencia en la Amazonia esa misma madrugada, y luego salió eludiendo a policías que buscaban ya detenerle. Se anunció al cabo de dos días que había pedido asilo político en la embajada de Nicaragua. En Lima, que un personaje político se asile en una embajada lleva directamente al recuerdo de la estancia a partir de 1949 del fundador del APRA, Haya de la Torre, en la embajada de Colombia durante seis años para escapar la persecución del dictador general Odria, lo que se convirtió en una causa célebre.
El APRA, el partido de Alan García, nunca hablaba de Hispanomérica, América latina o Iberoamérica en los años 1930, sino que su fundador Haya de la Torre tuvo a orgullo introducir el término "Indoamérica". Para Alan García, los Incas del Cuzco, muertos hace mucho tiempo, están tal vez en la raíz de la nación. ¿Pero donde están los actuales indígenas serranos pobres y peor todavía, dónde están los indígenas selváticos, cuyos representantes han sido repetidamente tratados de no-peruanos por el Presidente al oponer los intereses del Perú a los intereses de los habitantes de la Amazonía?
Alan García no duda en señalar a los indígenas de terroristas y de simpatizantes de Sendero Luminoso. La historia es muy distinta. Sendero Luminoso atacó a los indígenas de la selva. Luego del asesinato de Alejandro Calderón en 1989, líder ashaninka que presidía la ANAP, federación del Pichis afiliada a AIDESEP, los indígenas organizaron lo que bautizaron como el "ejército ashaninka", que en una semana hizo desaparecer al MRTA de su zona y después a Sendero Luminoso de Satipo y Pangoa. Esta contribución no ha sido reconocida a los ashaninkas, ni para agradecerles públicamente, ni para restituirles sus tierras que abandonaron cuando reinaba la violencia.
Para Alan García, ésta no es la primera masacre. Inmediatamente, en la memoria histórica del pueblo peruano ha surgido el doloroso recuerdo de la "Matanza de los Penales". El Perú salió de la atroz década de la guerra de Sendero Luminoso (del 1980 al 1992) con unos 70,000 muertos, pero con cierta dignidad democrática al haberse constituido años después y llegado a término la investigación completa de la Comisión de la Verdad. Se han celebrado también juicios no solo contra los líderes de Sendero Luminoso sino también contra el ex-presidente Fujimori, por las matanzas de escuadrones de la muerte organizadas desde el Estado. Sin embargo no hubo juicio por la Matanza de los Penales sucedida en la primera presidencia de Alan García, quien había asumido el cargo en el 1985. Centenares de presos amotinados en las cárceles de Lurigancho y El Frontón fueron eliminados por las fuerzas del Estado, se supone que eso fue siguiendo sus órdenes.
Una vez más, "mecidos" y baleados
Tras los sucesos de Bagua el 5 de junio del 2009, en que los indígenas claramente no se dejaron dispersar pacíficamente y respondieron violentamente contra los disparos de la policía, hay una enorme disparidad informativa en lo que se refiere a los muertos. Los policías muertos están bien contados, veinticuatro. Los indígenas muertos, heridos, desaparecidos, no están bien contados. Sus dirigentes están heridos de bala o perseguidos. Los periodistas que están en la zona no parecen ser capaces de establecer una cifra de muertos. Es la hora, en una democracia, de que el poder judicial actúe con independencia. Es bien probable, tal como ocurren tales cosas, que si en las fuerzas estatales de orden hay más de veinte muertos, haya habido mucho más entre los indígenas. Algunos, como se pudo ver en un canal televisivo de Lima la noche del 8 de junio, están siendo enterrados en sus comunidades sin ser incluidos en las cifras oficiales ni la prensa.
Hace menos de un año, se pronosticaba por la CEPAL con un optimismo muy exagerado que la economía de Perú batiría récords en América latina y crecería un 7 por ciento en el 2009. La inversión extranjera, precisamente en los rubros de exportación de recursos naturales, sería uno de los motores de ese crecimiento. Pero a partir de agosto del 2008 el mundo ha visto como el precio de las materias primas bajaba un 50 por ciento, hasta marzo del 2009. Por tanto, se anuncia en mayo del 2009 (antes ya de los sucesos de Bagua) que la economía peruana entraba en decrecimiento, aumentando el desempleo. La popularidad del presidente Alan García, que ya era baja, lleva camino de bajar más. Estos fracasos pueden anunciar más autoritarismo y desprecio de los derechos humanos. La estrategia de la inversión extranjera y la exportación de recursos naturales se ve ahora, en Perú y en toda América latina, como nuevamente un error. Y esa es la estrategia que Alan García ha predicado con prepotencia.
El desenlace de la matanza de Bagua está por ver. Los indígenas amazónicos, que se habían comportado pacíficamente, reaccionaron a la agresión en la Curva del Diablo. Las posiciones se han agudizado. Pizango, que era un interlocutor posible, está en vías de exiliarse por lo menos algún tiempo. Alan García puede pensar que un cambio de ministros (al menos una ministra ha dimitido ya, avergonzada), la vía dura y la apelación al racismo popular tan extendido en el Perú le llevará a un triunfo en los dos años que le quedan en la presidencia. Pero la oposición política y social no ha salido vencida de los tristes sucesos del 5 de junio. Al contrario. Ojalá esos tristes hechos sirvan para un cambio de rumbo que frene la explotación de la Amazonía y sus habitantes, no sólo en Perú sino también en los países aledaños. La petición de los ecologistas ecuatorianos de dejar el petróleo en tierra en el Yasuní ITT (que linda con territorio peruano y con pozos de la Repsol) parece ahora más sensata que nunca antes.
Escribía Rodrigo Montoya (antropólogo y profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de Lima) hace casi un año, en agosto del 2008: "Los pueblos indígenas pidieron y exigieron un diálogo, con fuerza y firmeza, pero sin violencia. El gobierno envió al ministro Antonio Brack para enterarse de lo que quieren y resolver algunos temas seguramente menores. Cuando el Sr. García y los funcionarios del capital pensaron y redactaron los decretos legislativos no invitaron a diálogo alguno y los pueblos interesados no tuvieron ni siquiera la posibilidad de enterarse de lo que les esperaba. Los dirigentes indígenas suspendieron el diálogo pidiendo que vaya una comisión con capacidad de decisión y no ser "mecidos"; es decir, engañados. El gobierno responde suspendiendo las garantías constitucionales; en dos palabras, apelando a la violencia. ¿Diálogo? En esas condiciones no será posible. ¿Hasta cuándo? Los indígenas ya no podrán ni reunirse ni hacer manifestaciones. La policía y, tal vez, el ejército después, podrán disparar y si matan no podrán ser enjuiciados por que tienen libertad para matar gracias a otra disposición del propio Alan García. Algunos meses atrás, él les dijo a sus soldados y policías "tiren y piensen después". De ese modo, no hay que ser adivinos para suponer que podríamos ver más violencia y muertes debidamente anunciadas." (18 de Agosto de 2008 con el título "Solidaridad con el movimiento indígena amazónico" en ALAI, Agencia Latinoamericana de Información).
martes, 28 de abril de 2009
OCUPAN TIERRAS EN LAVALLE
http://www.prensadefrente.org/pdfb2/index.php/a/2009/04/28/p4637PDF en Mendoza
“Estamos hace cinco años nosotros, buscando tierra para producir y también para vivir". Sesenta familias nucleadas en la Organización de Trabajadores Rurales sin Tierra de Lavalle (OTRAL) ocuparon de forma pacífica, pública y permanente un terreno de 200 has ubicado sobre la Ruta 34 en el departamento de Lavalle, Mendoza."Hemos revisado y el terreno está en trámite hace más de 100 años, entonces tomamos posesión para ver si podemos tener las viviendas, porque no tenemos vivienda. La mayoría estamos viviendo hace 16 años acá en Mendoza, somos 60 familias en esta zona, y como 100 familias en total adentro de la organización.” dijo en diálogo con Prensa De Frente, María, integrante de la OTRAL.
Luego de un largo proceso de organización y estudio de la situación que desembocó en la toma de las tierras, las familias comenzaron a construir las primeras edificaciones: “en un comienzo son 8 familias las que van a ocupar en representación de todo el grupo, y luego van a ir llegando de a grupos. La finalidad sería que todas las casas queden al frente de la casa, para aportar las comodidades de luz, de agua, de gas, y la cercanía a la ruta como medio de transporte y comunicación.”La tierra no está habitada desde hace décadas, no está trabajada ni alambrada. En este momento las familias se encuentran a la espera de la respuesta de las autoridades. “La mayoría de los que estamos acá somos trabajadores rurales, y el sueño de nosotros es poner verduras y hacer una feria. Por eso elegimos este lugar, para estar cerca de la ruta y poder vender.” expresó por fin otro de los sin tierra.
“Estamos hace cinco años nosotros, buscando tierra para producir y también para vivir". Sesenta familias nucleadas en la Organización de Trabajadores Rurales sin Tierra de Lavalle (OTRAL) ocuparon de forma pacífica, pública y permanente un terreno de 200 has ubicado sobre la Ruta 34 en el departamento de Lavalle, Mendoza."Hemos revisado y el terreno está en trámite hace más de 100 años, entonces tomamos posesión para ver si podemos tener las viviendas, porque no tenemos vivienda. La mayoría estamos viviendo hace 16 años acá en Mendoza, somos 60 familias en esta zona, y como 100 familias en total adentro de la organización.” dijo en diálogo con Prensa De Frente, María, integrante de la OTRAL.
Luego de un largo proceso de organización y estudio de la situación que desembocó en la toma de las tierras, las familias comenzaron a construir las primeras edificaciones: “en un comienzo son 8 familias las que van a ocupar en representación de todo el grupo, y luego van a ir llegando de a grupos. La finalidad sería que todas las casas queden al frente de la casa, para aportar las comodidades de luz, de agua, de gas, y la cercanía a la ruta como medio de transporte y comunicación.”La tierra no está habitada desde hace décadas, no está trabajada ni alambrada. En este momento las familias se encuentran a la espera de la respuesta de las autoridades. “La mayoría de los que estamos acá somos trabajadores rurales, y el sueño de nosotros es poner verduras y hacer una feria. Por eso elegimos este lugar, para estar cerca de la ruta y poder vender.” expresó por fin otro de los sin tierra.
viernes, 27 de marzo de 2009
30 DE MARZO - CONVOCATORIA A MOVILIZACIÓN CONTINENTAL
EL 30 DE MARZO - CONVOCATORIA A MOVILIZACIÓN CONTINENTAL15 a 17hs. ACTO EN EL OBELISCO - 17:30hs MARCHA DE REPUDIO A LA EMBAJADA DE ISRAEL
- Contra el hambre y el saqueo
-No vamos a pagar la crisis, que la crisis la paguen los ricos
-Basta de despidos y de precarización laboral
-Contra la guerra y la intervención imperialista
-Por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos
-No al pago de la deuda externa
Numerosas organizaciones y movimientos sociales de América Latina y del mundo entero comenzaron a reunirse en el ALBA de los movimientos sociales, partiendo de la idea de que la integración de nuestros pueblos debe darse desde abajo, con un claro perfil anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista. Con la firme convicción de que no pueden enfrentarse las políticas del gran capital y del imperialismo de forma dispersa, y entendiendo que los procesos de integración no pueden ser sólo tarea de los gobiernos, se decidió construir un proceso de articulación de los pueblos bajo los principios del ALBA. Fruto de largos debates, en el Foro Social de Belén, se decidió realizar una movilización el 30 de marzo a nivel continental, “Contra la crisis y la guerra”, con el objetivo de denunciar al capital trasnacional y los gobiernos que actúan como cómplices del saqueo. En la Argentina , organizaciones que son parte de la articulación de movimientos sociales del ALBA y otras organizaciones que comparten una definición anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista decidieron trabajar juntos en esta movilización continental Creemos que hoy el capitalismo se encuentra en una crisis profunda, que intenta descargar sobre nuestros pueblos. Las consecuencias están a la vista: el incremento brutal de la pobreza, la desigualdad, la explotación y exclusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción de la naturaleza. Las políticas del capital, de las Instituciones Financieras Internacionales y de los grandes grupos económicos locales llevaron a la desaparición de poblaciones completas, arrasadas por los megaproyectos de las industrias extractivas y agroexportadoras, y han condenado a los pueblos a una difícil sobrevivencia. Para imponer esta lógica, el capital refuerza la violencia y el control militar, promoviendo guerras, invasiones, agresiones, así como el establecimiento de bases militares, de ejercicios militares conjuntos, y la criminalización de los movimientos populares. Por eso creemos que es necesario desarrollar acciones prácticas de solidaridad antiimperialista: frente a la represión, la militarización, (tal como se manifiesta en nuestro continente, a través por ejemplo de la implementación del Plan Colombia, y de la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos), nos manifestamos contra las bases militares norteamericanas en el continente, contra la criminalización y la lucha por la libertad de los/as presos/as políticos/as. Rechazamos el modelo extractivo-exportador, el endeudamiento externo que se nos ha impuesto en América Latina y en nuestro país con el antecedente de siglos de saqueo y despojo, posibilitado por la derrota popular impuesta por la última dictadura militar a sangre y fuego. Este modelo destructivo no se ha detenido sino que por el contrario se ha profundizado, con la complicidad de los sucesivos gobiernos de la democracia y los partidos del sistema. Por todo esto, decidimos convocar en Argentina a esta movilización continental de lucha Por eso, el 30 de marzo estaremos en la calle, al igual que miles de luchadores y luchadoras en toda América para decir: NO VAMOS A PAGAR POR LA CRISIS , QUE LA PAGUEN LOS RICOS Reclamamos: - Salario y trabajo digno para todos los trabajadores/as ocupados/as, desocupados/as, autogestionados/as, rurales y urbanos. - La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social - Basta de despidos. Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario y mantenimiento de los puestos de trabajo. - Fábrica Cerrada, Fábrica Recuperada - La estatización del comercio exterior con control social. - Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras así como garantizar el cese del desplazamiento de las poblaciones producto de la guerra, especialmente mujeres y niños/as - Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación - Garantizar el derecho a la tierra, a la vivienda, al territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos reconociendo las experiencias de autogestión y cooperación que se vienen desarrollando como los bachilleratos populares, las experiencias de autogestión de construcción, las recuperadas y experiencias de trabajo autogestivo. - Reforma agraria integral. Basta de desalojos a los campesinos/as. - Efectiva titularidad de tierras en la ciudad de quienes deben recuperar espacios abandonados para garantizarse el derecho a la vivienda digna. - No al pago de la deuda externa ilegítima, redireccionamiento de esos recursos para garantizar los derechos sociales. Auditoría de la deuda. - Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética. - Recuperación efectiva de las empresas privatizadas con el auge del neoliberalismo (comunicaciones, transporte, petróleo, gas, agua, energía) Con la firme convicción de que es posible una nueva gesta de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la libertad de América Latina, por una auténtica emancipación, que tenga en su horizonte el socialismo.
Convocan:
Movimiento Nacional Campesino Indígena (En el espacio promotor del ALBA)
Frente Popular Darío Santillán (En el espacio promotor del ALBA)
ATE/CTA (En el espacio promotor del ALBA)
Pañuelos en Rebeldía (En el espacio promotor del ALBA)
Corriente Julio Antonio Mella
Chicos del pueblo
Espacio Chico Mendes
Plataforma Continental de Mujeres “Paz con Justicia para Colombia”
Convocatoria por la Liberación Nacional y Social Dialogo 2000
Espacio de Empresas Recuperadas y Bachilleratos populares (MNER-CEIP)
GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina)
Radio Comunitaria la Colectiva
ADHIEREN:
Asamblea Popular por el Agua - Mendoza -
- Contra el hambre y el saqueo
-No vamos a pagar la crisis, que la crisis la paguen los ricos
-Basta de despidos y de precarización laboral
-Contra la guerra y la intervención imperialista
-Por la soberanía alimentaria y la autodeterminación de los pueblos
-No al pago de la deuda externa
Numerosas organizaciones y movimientos sociales de América Latina y del mundo entero comenzaron a reunirse en el ALBA de los movimientos sociales, partiendo de la idea de que la integración de nuestros pueblos debe darse desde abajo, con un claro perfil anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista. Con la firme convicción de que no pueden enfrentarse las políticas del gran capital y del imperialismo de forma dispersa, y entendiendo que los procesos de integración no pueden ser sólo tarea de los gobiernos, se decidió construir un proceso de articulación de los pueblos bajo los principios del ALBA. Fruto de largos debates, en el Foro Social de Belén, se decidió realizar una movilización el 30 de marzo a nivel continental, “Contra la crisis y la guerra”, con el objetivo de denunciar al capital trasnacional y los gobiernos que actúan como cómplices del saqueo. En la Argentina , organizaciones que son parte de la articulación de movimientos sociales del ALBA y otras organizaciones que comparten una definición anticolonial, anticapitalista, antipatriarcal y antiimperialista decidieron trabajar juntos en esta movilización continental Creemos que hoy el capitalismo se encuentra en una crisis profunda, que intenta descargar sobre nuestros pueblos. Las consecuencias están a la vista: el incremento brutal de la pobreza, la desigualdad, la explotación y exclusión de los pueblos, y el saqueo, contaminación y destrucción de la naturaleza. Las políticas del capital, de las Instituciones Financieras Internacionales y de los grandes grupos económicos locales llevaron a la desaparición de poblaciones completas, arrasadas por los megaproyectos de las industrias extractivas y agroexportadoras, y han condenado a los pueblos a una difícil sobrevivencia. Para imponer esta lógica, el capital refuerza la violencia y el control militar, promoviendo guerras, invasiones, agresiones, así como el establecimiento de bases militares, de ejercicios militares conjuntos, y la criminalización de los movimientos populares. Por eso creemos que es necesario desarrollar acciones prácticas de solidaridad antiimperialista: frente a la represión, la militarización, (tal como se manifiesta en nuestro continente, a través por ejemplo de la implementación del Plan Colombia, y de la ocupación de Haití por tropas de países latinoamericanos), nos manifestamos contra las bases militares norteamericanas en el continente, contra la criminalización y la lucha por la libertad de los/as presos/as políticos/as. Rechazamos el modelo extractivo-exportador, el endeudamiento externo que se nos ha impuesto en América Latina y en nuestro país con el antecedente de siglos de saqueo y despojo, posibilitado por la derrota popular impuesta por la última dictadura militar a sangre y fuego. Este modelo destructivo no se ha detenido sino que por el contrario se ha profundizado, con la complicidad de los sucesivos gobiernos de la democracia y los partidos del sistema. Por todo esto, decidimos convocar en Argentina a esta movilización continental de lucha Por eso, el 30 de marzo estaremos en la calle, al igual que miles de luchadores y luchadoras en toda América para decir: NO VAMOS A PAGAR POR LA CRISIS , QUE LA PAGUEN LOS RICOS Reclamamos: - Salario y trabajo digno para todos los trabajadores/as ocupados/as, desocupados/as, autogestionados/as, rurales y urbanos. - La nacionalización de la banca sin indemnización y bajo control social - Basta de despidos. Reducción del tiempo de trabajo sin reducción del salario y mantenimiento de los puestos de trabajo. - Fábrica Cerrada, Fábrica Recuperada - La estatización del comercio exterior con control social. - Poner fin a las guerras, retirar las tropas de ocupación y desmantelar las bases militares extranjeras así como garantizar el cese del desplazamiento de las poblaciones producto de la guerra, especialmente mujeres y niños/as - Reconocer la soberanía y autonomía de los pueblos, garantizando el derecho a la autodeterminación - Garantizar el derecho a la tierra, a la vivienda, al territorio, trabajo, educación y salud para todas y todos reconociendo las experiencias de autogestión y cooperación que se vienen desarrollando como los bachilleratos populares, las experiencias de autogestión de construcción, las recuperadas y experiencias de trabajo autogestivo. - Reforma agraria integral. Basta de desalojos a los campesinos/as. - Efectiva titularidad de tierras en la ciudad de quienes deben recuperar espacios abandonados para garantizarse el derecho a la vivienda digna. - No al pago de la deuda externa ilegítima, redireccionamiento de esos recursos para garantizar los derechos sociales. Auditoría de la deuda. - Medidas para garantizar la soberanía alimentaria y energética. - Recuperación efectiva de las empresas privatizadas con el auge del neoliberalismo (comunicaciones, transporte, petróleo, gas, agua, energía) Con la firme convicción de que es posible una nueva gesta de independencia latinoamericana, de los pueblos y para los pueblos, por una integración popular, por la vida, por la justicia, por la paz, por la soberanía, por la identidad, por la igualdad, por la libertad de América Latina, por una auténtica emancipación, que tenga en su horizonte el socialismo.
Convocan:
Movimiento Nacional Campesino Indígena (En el espacio promotor del ALBA)
Frente Popular Darío Santillán (En el espacio promotor del ALBA)
ATE/CTA (En el espacio promotor del ALBA)
Pañuelos en Rebeldía (En el espacio promotor del ALBA)
Corriente Julio Antonio Mella
Chicos del pueblo
Espacio Chico Mendes
Plataforma Continental de Mujeres “Paz con Justicia para Colombia”
Convocatoria por la Liberación Nacional y Social Dialogo 2000
Espacio de Empresas Recuperadas y Bachilleratos populares (MNER-CEIP)
GEAL (Grupo de Estudios sobre América Latina)
Radio Comunitaria la Colectiva
ADHIEREN:
Asamblea Popular por el Agua - Mendoza -
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